Impacto de las regulaciones actuales en la recaudación municipal
Según la Asociación Nacional de Funcionarios de Hacienda Local (ANFHL), la aplicación de las últimas normativas del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) ha provocado una reducción en los ingresos municipales, estimada en un 30% a un 40% en comparación con los ingresos anteriores.
Este panorama se vuelve aún más complejo si tenemos en cuenta las pérdidas de ingresos derivadas de disputas aún sin resolver en el momento en que se emitió la sentencia del Tribunal Constitucional en octubre de 2021. Además, se suman las devoluciones que han debido realizarse debido a la falta de una regulación adecuada por parte del órgano legislativo estatal.
Perspectiva del Tribunal Supremo
Recientemente, el Tribunal Supremo ha emitido un fallo en el que descarta la responsabilidad patrimonial del Estado en un caso de plusvalía municipal. En esta decisión, se establece que no procede el resarcimiento a un contribuyente que no pueda demostrar la disminución del valor de los terrenos en el momento del pago.
Este fallo representa un cambio en las reclamaciones de los ciudadanos, cerrando la posibilidad de responsabilidad patrimonial en situaciones donde no se pueda probar la caída del valor del suelo. Sin embargo, no se pronuncia sobre otros casos en los que sí se pueda demostrar esta devaluación, ante los cuales los contribuyentes podrían exigir la devolución de las plusvalías pagadas de forma indebida a los municipios.
Situación de litigios en la tributación local
Es importante resaltar que la problemática en la tributación local no se limita únicamente al impuesto sobre la plusvalía municipal, sino que también abarca otras tasas como el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) o el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). La complejidad de la situación exige una revisión exhaustiva y una regulación adecuada por parte del órgano legislativo estatal para garantizar la equidad y transparencia en el sistema tributario.
