MADRID, 5 Feb. –
El PP votará ‘no’ a los objetivos de estabilidad presupuestaria en el Senado.
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha confirmado que el partido votará en contra de los objetivos de estabilidad presupuestaria en el Senado esta semana. Esto resultará en la caducidad de los objetivos, ya que el PP tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta.
Posición del PP sobre la política económica del Gobierno.
Cuca Gamarra ha reiterado la postura del PP en contra de la política económica del Gobierno, enfocada en aumentar la recaudación sin aliviar la carga fiscal de los ciudadanos. El partido cree que se necesita una política económica diferente, centrada en reducir impuestos como el IVA para beneficiar a los españoles.
Repercusiones en las comunidades autónomas.
El PP también ha expresado su preocupación por la falta de respeto a la autonomía fiscal de las comunidades autónomas, que buscan reducir impuestos para estimular la economía mientras el Estado busca recuperarlos de otras formas. Esta discrepancia en las políticas fiscales genera tensiones y desencuentros entre las distintas administraciones.
Riesgo de prorrogar los Presupuestos.
La votación en el Senado sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria afecta directamente a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2024. Con el PP votando en contra, existe el riesgo de prorrogar los Presupuestos de 2023 debido a la falta de aprobación de un nuevo proyecto de presupuesto antes del 1 de enero de 2024, según lo establecido en la Constitución.
Un déficit del 3% con las nuevas reglas fiscales.
El Ministerio de Hacienda propuso un déficit del 3% en 2024 para el conjunto de las Administraciones, junto con otros objetivos fiscales para los años siguientes. Sin embargo, la falta de consenso en el Senado podría desencadenar un escenario más restrictivo para las comunidades autónomas y los ayuntamientos, limitando su margen de gasto.
El Gobierno tendrá que remitir unos nuevos objetivos en un mes.
Según la Ley de Estabilidad Presupuestaria, si el Congreso o el Senado rechazan los objetivos de estabilidad, el Gobierno deberá enviar un nuevo acuerdo en un plazo máximo de un mes. De no lograr la aprobación, se aplicarían los objetivos más exigentes del Programa de Estabilidad remitidos a la Comisión Europea en abril, con implicaciones restrictivas para las administraciones locales.